DERECHO PARA LOS JÓVENES, NO REPRESIÓN

Jésus Ortega Martínez
1° de julio de 2008

El lamentable asunto de los jóvenes y los policías que perdieron la vida en el "New's Divine" es de gravedad. Tiene que ver, en el fondo, con la visión que se tiene desde el Estado, profundamente equivocada, sobre la seguridad pública y sobre los derechos sociales, especialmente para  los jóvenes. Esta visión de corte represivo para contener a la delincuencia  no es exclusiva de un partido, del PRD, en este caso. Es, lamentablemente,  generalizada hacia todos los partidos y hacia la mayor parte de los actores principales de la política mexicana y de los gobiernos. Es una concepción profundamente conservadora que por un lado, ciertamente, criminaliza a los jóvenes y
por el otro,  pretende,  esencialmente,  atacar las consecuencias y no las causas de la terrible inseguridad y del crecimiento descomunal de la delincuencia.

La tragedia del "New's Divine" fue provocada, sin duda, por la ineficiencia y torpeza de los mandos policíacos; desde los que se encontraban en el lugar de los hechos, hasta las autoridades administrativas y políticas de los cuerpos de seguridad. Todos ellos tienen algún grado de responsabilidad y ésta tiene que ser claramente delimitada por las investigaciones que lleva a cabo,  tanto la Procuraduría de Justicia capitalina como la Comisión de Derechos Humanos del D.F. Ninguna autoridad involucrada en la investigación debe eludir sus facultades y menos debe hacerlo en razón de cuestiones
de carácter político.

Es penoso y deplorable observar cómo algunos medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, hacen verdaderas  "maromas"  para evitar el señalar, con la contundencia con la que lo han hecho en otros casos, a los responsables directos y a los indirectos de la mencionada tragedia.

Por ejemplo, es una decisión política equivocada, pretender combatir el consumo de drogas por los jóvenes, a partir de los ahora famosos operativos. Ello, tomando en cuenta la gran corrupción que existe entre la policía sólo conduce a que todos los jóvenes, por el solo hecho de serlo, aparezcan como consuetudinarios consumidores de droga o como potenciales delincuentes. Los operativos no están atacando y menos afectando a los grandes traficantes de estupefacientes y tampoco logran que los dueños de los "antros" cumplan de manera permanente con las normas establecidas. Un operativo, en la mayoría de las ocasiones, sólo interrumpe por algunos días el funcionamiento de esos locales, para volver a operar mediante el pago de una multa o el pago de una "mordida".

El problema es de mayor envergadura y requiere de respuestas que implican decisiones políticas integrales.

Una de estas soluciones demanda de una estrategia de seguridad pública que al mismo tiempo que ataca a los "núcleos distribuidores" de las drogas, implementa una política social que ofrezca alternativas de educación, de empleo y de diversión a los jóvenes. Esto lleva más tiempo pero a la larga es más redituable, incluso desde el punto de vista político,  para los gobernantes.

Sin embargo, los calendarios políticos condicionan a los gobiernos, a todos, a respuestas de coyuntura, de oropel.

No debiera ser así y el gobierno de la capital tiene la posibilidad de dar respuesta a la justa indignación de los familiares de las víctimas, pero también, para poner en práctica una estrategia social de alcance profundo, es decir, de pleno ejercicio de derechos para los jóvenes.